eco-Shredder

eco-Shredder se adhiere al Pacto Mundial de Naciones Unidas

2009-09-02T07:25:00.000-07:00

eco-Shredder destrucción de documentos, se ha sumado al United Nations Global Compact, iniciativa internacional de la ONU para conseguir un compromiso voluntario de las entidades y empresas en materia de responsabilidad social, por medio de la implantación de diez principios basados en DDHH, laborales, medioambientales y de lucha contra la corrupción.

La iniciativa se enmarca en el Plan de Acción de RSC y en el compromiso de eco-Shredder de combinar el éxito económico con el desarrollo sostenible, por lo que tomará decisiones basadas no sólo en criterios financieros sino también en las consecuencias sociales de las acciones. Eco-Shredder está elaborando el Plan Estratégico de RSC para los próximos tres años.

La AEPD abre procedimientos a 4 juzgados, 1

2009-06-15T14:55:00.000-07:00

Nota informativa

Tras las investigaciones llevadas a cabo en los últimos meses, a raíz de la
información emitida por Telecinco

• La AEPD ha podido acreditar que la información hallada ha estado accesible a terceros, al haber sido obtenida por periodistas en la vía pública.
• Los documentos incluían, en algunos de los casos, nombres de víctimas y agresores, informes médicos y psicológicos, diligencias originales, declaraciones, fotocopias de sus documentos de identidad, etc..
• Se han iniciado cuatro procedimientos de declaración de infracción contra juzgados de Madrid, Valencia (Alzira), Barcelona (Igualada) y Sevilla, y otro contra la Audiencia Provincial de A Coruña por una presunta vulneración del deber de secreto.
• Paralelamente se han abierto procedimientos de declaración de infracción a la Consejerías de Justicia de Valencia, Galicia y Andalucía por presunta vulneración de las medidas de seguridad al ser la responsables de dotar a los juzgados de los medios y medidas de seguridad.

(Madrid, 15 de junio de 2009). La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha iniciado 8 procedimientos de declaración de infracción a las administraciones públicas tras las actuaciones previas de inspección llevadas a cabo en los últimos meses a raíz de la documentación aportada por Telecinco a la AEPD y las informaciones emitidas por el mismo medio de comunicación, relativas a la aparición de diversa documentación judicial con datos personales, en contenedores en la vía pública, perteneciente a distintos juzgados de varias provincias españolas. Dichos documentos incluían en algunos casos nombres de víctimas y agresores, informes médicos y psicológicos, diligencias originales, declaraciones de las víctimas, fotocopias de sus documentos de identidad e, incluso, sus domicilios impresos en solicitudes de órdenes de alejamiento.

En total se han iniciado cuatro procedimientos de declaración de infracción contra juzgados de Madrid, Valencia (Alzira), Sevilla y Barcelona (Igualada), y otro contra la Audiencia Provincial de A Coruña, por una presunta vulneración del deber de secreto de la Ley Orgánica
de Protección de Datos (LOPD), al haberse acreditado por la AEPD que los documentos se encontraban al alcance de terceros en la vía pública.

Además, se han abierto procedimientos de declaración de infracción a las Consejerías competentes en cada caso, de Valencia, Galicia y Andalucía por presunta vulneración de las medidas de seguridad, al ser competentes en la dotación de los medios materiales y técnicos, y responsables de implementar las medidas de seguridad en los juzgados.

Asimismo, se ha dado traslado de tres de los expedientes a las Agencias de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid y de Cataluña- dos a Madrid y uno a Cataluña- por si procediera iniciar actuaciones contra las Consejerías de Justicia en la Comunidad de Madrid y de Cataluña respectivamente.

Tras la fase de actuaciones previas se ha acreditado que la información hallada ha estado accesible a terceros, al haber sido obtenida por periodistas en la vía pública por lo que tanto los juzgados como la Consejerías podrían enfrentarse a la declaración de infracciones graves o en algunos de los casos muy graves de la ley, al tratarse de datos sensibles.

Tanto juzgados como Consejerías cuentan a hora con un plazo para formular alegaciones o presentar pruebas, antes de que recaiga una resolución de declaración de infracción de las administraciones públicas.

Protección de Datos recaudó 22,6 millones de euros en multas en 2008

2009-06-03T06:35:00.000-07:00

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) recaudó un total de 22,6 millones de euros en multas sancionadoras a lo largo de 2008, más de tres millones por encima de lo ingresado el año anterior, según datos recogidos en la memoria anual de este organismo.

No obstante, el director de la AEPD, Artemi Rallo, resaltó que el montante de las sanciones impuestas por la agencia se ha reducido notablemente en este periodo, ya que, a pesar de haber incrementado un 15% en recaudación, el crecimiento de sanciones fue "muy superior", hasta alcanzar las 535 --un 56,4% más--.

"Se aprecia cada vez más una disminución de culpabilidad del infractor; por eso, en el último año se han aplicado en mayor medida sanciones 'graves' --en lugar de 'muy graves'--, lo que explica que el aumento de sanciones no haya significado un crecimiento significativo de la recaudación", señaló Rallo. En este sentido, siete de cada diez resoluciones sancionadoras de la AEPD fueron calificadas como 'graves', mientras que las otras tres fueron o 'muy graves' o 'leves'.

Las reclamaciones ante este organismo también aumentaron un 45% en 2008, hasta alcanzar la cifra de 2.362. El sector de las telecomunicaciones (458) y las entidades financieras (382) fueron nuevamente los principales focos de queja de las denuncias, si bien Rallo destacó el "ascenso imparable" de la videovigilancia: en 2008 se triplicaron las reclamaciones y se situaron en 365.

Para el director de esta agencia el conflicto al que se enfrentan los ciudadanos respecto a las cámaras se ciñe principalmente al "intrusismo" en el ámbito laboral. "En resumen, estas videocámaras captan demasiadas imágenes para los límites estrictamente necesarios y establecidos por la ley", apuntó. Por sectores, el número de sanciones acumuladas también está encabezado por las telecomunicaciones (190), seguido del financiero (111), comunicaciones electrónicas, comerciales y 'spam' (39), comercio, transporte y hostelería (31) y, por último, la videovigilancia (27).

En este apartado, cabe destacar que los procedimientos resueltos relativos a las administraciones públicas aumentaron un 20% en relación a 2007, pasando de 66 a 79. Entre sus principales infracciones destacan el hallazgo en la vía pública de documentación procedente de administración central y local, así como la difusión en Internet de datos personales.

APOSTASÍA.

En cuanto a las tutelas de derechos, las peticiones atendidas se situaron en 1.229 durante 2008, un 44% más que el año anterior y, si bien los derechos de cancelación de datos del Libro de Bautismo representa siete de cada diez tutelas, Rallo recordó que, a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo en favor de la Iglesia, la AEPD registra cada vez menos peticiones relativas a este apartado. "Hace tiempo que han dejado de incrementar o casi producirse", señaló.

El año pasado, las resoluciones de tutelas de derecho resueltas por la agencia en relación a la apostasíasupusieron casi la mitad del total. Sin embargo, a partir del mes de octubre -fecha en que se dio a conocer la decisión del Alto Tribunal-- y hasta hoy, Protección de Datos ha desestimado las peticiones de apostasía abordadas en este periodo.

En este apartado, Rallo reiteró que la agencia está a la espera de conocer la decisión del Tribunal Constitucional relativa al recurso interpuesto por este organismo.Asimismo, se ha producido un incremento "significativo" de solicitudes de tutelas de derechos relacionadas con las prestaciones y uso de los buscadores de Internet, ya que "permiten el acceso de cualquiera a datos personales". Si en 2007 las reclamaciones recogidas en este apartado fueron 3, al año siguiente crecieron hasta la cifra de 18.

REDES SOCIALES

El director de la AEPD puso de manifiesto su preocupación por la privacidad en las redes sociales y, más en concreto, por el manejo de datos personales de menores de 14 años. En este sentido, resaltó que las denuncias relativas a este tema hasta febrero de este año eran inexistentes y que, en el plazo de apenas un mes, se han elevado hasta 14.

Rallo reconoció haber mantenido conversaciones con las principales redes sociales españoles -fruto de los cuales anunció recientemente un acuerdo con Tuenti--, aunque solicitó "más obligaciones" para los creadores de estos espacios, que cuentan a su entender con un diseño "deficiente" para defender la privacidad de los usuarios.

Otros datos destacados de la memoria es el que hace referencia al número de consultas planteadas al servicio de atención al ciudadano, un total de 72.650 (un 52,14% más que en 2007). Además, este informe recoge que en 2008 se inscribieron 250.313 nuevos ficheros con datos de carácter personal, hasta 1,2 millones en total.

El Hospital de la Paz suministró datos de sus empleados a AMA

2009-05-30T06:56:00.000-07:00

La Agencia Española de Protección de Datos considera en una resolución del 9 de marzo que el Hospital de La Paz, de la Comunidad de Madrid, cometió una infracción "muy grave" por "la comunicación de datos de carácter personal sin contar con el consentimiento de los interesados".

La Paz suministró a AMA, que había abierto en diciembre de 2007 una sucursal en el centro comercial anexo al hospital, datos de sus 7.000 trabajadores. AMA envió una carta personalizada a cada uno de ellos prometiendo "grandes regalos", entre otras promociones. Protección de Datos reseña otra infracción "grave" por "la utilización de datos de carácter personal de los trabajadores para finalidades incompatibles con aquellas para las que han sido recogidos".

El hospital estudia recurrir la resolución, que supone multas de hasta 900.000 euros.

Aparecen en la basura unos 500 documentos confidenciales del Ayuntamiento de Monforte.

2009-05-04T05:19:00.000-07:00

Una bolsa con unos 500 documentos confidenciales del Ayuntamiento de Monforte de Lemos apareció tirada junto a un contenedor de basura en días pasados, en las inmediaciones de la casa consistorial. Algunos vecinos la recogieron y, al observar que los documentos hacían referencia a asuntos personales de cientos de ciudadanos, avisaron al portavoz del partido político Independientes de Lemos, quien decidió enviar el asunto a la Fiscalía de Lugo porque considera que se han podido producir dos delitos: infidelidad de custodia de documentos y un delito contra la Administración local.

También presentó una denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos, en la cual le detalla 20 ficheros municipales de los que se extraviaron documentos, y que son los siguientes: el fichero de aguas, basura y alcantarillado; animales domésticos peligrosos; asociaciones; cementerios; censo de actividades económicas; censo de impuesto de bienes inmuebles; censo de vehículos de tracción mecánica; gestión económica y contable; gestión de expedientes administrativos; impuesto de construcción; registro de intereses; padrón de habitantes; parejas de hecho; plusvalía; policía local; registro de entrada de documentos; recursos humanos; servicios sociales; tributos y usuarios de la biblioteca municipal.

El alcalde retira multasEntre los papeles hallados destaca, según la denuncia presentada por Independientes de Lemos, un decreto firmado por el alcalde Severino Rodríguez -del BNG y que gobierna con mayoría- condonando dos multas de tráfico a dos vecinos del municipio cuyos nombres aparecen en el decreto. Una de las multas era de 600 euros y la otra de 1.200. En la denuncia, los independientes aseguran: «Esto nos hace pensar, señor fiscal, que no serán las únicas condonaciones de multas en el Ayuntamiento de Monforte, que podrían retirarse según quien sea el vecino denunciado», y le solicitan que se abra una investigación para comprobar que no exista también en este municipio del sur de Lugo una trama de retirada de multas como la que se está investigando en la actualidad en la capital lucense.

Un concejal embargadoOtro de los expedientes que apareció en la bolsa con datos personales es el embargo de bienes por parte del Ayuntamiento a un concejal. «A nuestro entender -dicen los denunciantes- también se podría ver una infidelidad en la custodia de documentos por parte del responsable».En el escrito al fiscal, Independientes de Lemos pide que se cite a declarar como denunciados al alcalde, Severino Rodríguez; a la concejala delegada de personal, hacienda y régimen interno, María José Vega; y también al secretario, responsable de la custodia de documentos. Además, solicita que se cite como testigos a los concejales del PP y del PSOE en la corporación municipal de Monforte y se les enseñen todos y cada uno de los documentos adjuntados a la denuncia, que son más de treinta.

Fuente: La Voz de Galicia

Las reclamaciones ante la AEPD se

2009-04-15T02:05:00.000-07:00

• El número de hechos denunciados ante la AEPD (junto con las investigaciones
iniciadas de oficio) alcanzó la cifra de 2.362.
• La AEPD resolvió en 2008 un total de 630 procedimientos sancionadores, casi un
58% más que en 2007, de los cuales 535 culminaron con la imposición de sanción.
• Las multas impuestas ascendieron hasta los 22,6 millones de euros, lo que supone
un incremento de un 15% respecto al año anterior.
• En 2008 se atendieron 1.229 tutelas de derechos, registrándose un incremento del
44% respecto al año 2007.
• El número de consultas planteadas al Servicio de Atención al Ciudadano
experimenta un incremento del 52,17% en 2008
• La publicidad telefónica y la inclusión en listas de morosidad, entre las principales
inquietudes de los ciudadanos.
• Los mayores incrementos en la inscripción de bases de datos se producen en la
videovigilancia alcanzando una cifra total de 15.510 ficheros.
• Internet y videovigilancia se perfilan como los principales retos para la defensa de
la privacidad de los ciudadanos.
(Madrid, 15 de abril de 2009). El director de la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD), Artemi Rallo, ha presentado hoy la Memoria correspondiente a 2008. En su
intervención, ha destacado que en el ejercicio 2008 el número de hechos denunciados ante la
AEPD (junto con las investigaciones iniciadas de oficio) se incrementó en más del 45%,
alcanzando la cifra de 2.362.
Por sectores de actividad con mayor número de reclamaciones, destacan las
telecomunicaciones y el sector de las entidades financieras, con 454 y 382 actuaciones de
inspección iniciadas respectivamente (principalmente por la inclusión en ficheros de solvencia
patrimonial y de crédito y por contratación fraudulenta de servicios).
En el tercer lugar de las reclamaciones se sitúa la videovigilancia, que continúa su ascenso
imparable: si en 2007 se contabilizaron 123 investigaciones, en 2008 se han triplicado hasta
llegar a 365.
La Memoria recoge, asimismo, que los procedimientos sancionadores subieron casi un 58%
con respecto a 2007, con un total de 630, de los cuales 535 culminaron con la imposición de
una sanción. Los sectores que más sanciones acumulan son el de las telecomunicaciones
(con 190 sanciones), el financiero (con 111), y el de las comunicaciones electrónicas
comerciales y spam (con 39). En el cuarto lugar se encuentra el sector del comercio,
transporte y hostelería (con 31), al que sigue la videovigilancia (con 27).
Las multas impuestas por la AEPD ascendieron hasta los 22,6 millones de euros, lo que
supone un incremento de un 15% respecto al año anterior. En función de la gravedad de las
sanciones, el 75% de las mismas fueron graves, el 18% leves y el 7% muy graves.
Por lo que se refiere a los procedimientos resueltos de declaraciones de infracción cometidas
por las Administraciones Públicas, hay que resaltar la subida de casi un 20% respecto al año
anterior, pasando de 66 a 79. De todos estos procedimientos resueltos en 2008, un total de 59
acabaron con una declaración de infracción.
Entre las principales infracciones declaradas a las Administraciones públicas destacan el
hallazgo en la vía pública de documentación procedente de Administración Central y Local y
difusión en Internet de datos personales.
Ejercicio de derechos y consultas ciudadanas
Las tutelas de derechos continúan la senda del incremento, situándose en 1.229 el número de
tutelas atendidas durante 2008 y registrándose un incremento del 44% respecto al año 2007.
De nuevo, las tutelas se han concentrado en los derechos de cancelación (que con 859
resoluciones representa el 70% del total) y de acceso (con 277, lo que supone un 22,5%). Rallo
destacó el hecho de que las resoluciones estimatorias de las reclamaciones de los ciudadanos
han crecido un 10%.
Debe advertirse que estos datos se encuentran condicionados por el importante volumen de
reclamaciones sobre el ejercicio del derecho de cancelación en Libros-Registro de la Iglesia
Católica. En 2008 las resoluciones de tutelas de derechos en este ámbito supusieron el 42% del
total de las tutelas resueltas.
Es significativo el incremento de solicitudes de tutela de derechos relacionadas con la
generalización de las prestaciones y uso de los buscadores en Internet, ya que permiten el acceso
de cualquiera a datos personales que con anterioridad eran difícilmente localizables. La Agencia
recibió 18 reclamaciones durante 2008, frente a las 3 recibidas en 2007.
Según recoge la Memoria, las solicitudes de cancelación de los ciudadanos se refirieron
principalmente a inclusión por entidades financieras en ficheros de información sobre solvencia
patrimonial y crédito, la supresión de datos una vez concluida la prestación de los servicios
contratados con operadores de telecomunicaciones, la supresión de antecedentes policiales,
penales y penitenciarios o la cancelación de datos que figuran en historial clínico.
Respecto al derecho de acceso, las principales reclamaciones tuvieron relación con la
valoración de solvencia económica realizada por entidades financieras o imágenes tomadas por
cámaras de videovigilancia.
Otro de los datos destacados de la Memoria es el que hace referencia al número de consultas
planteadas al Servicio de Atención al Ciudadano, que se incrementó en un 52,17% en 2008
hasta alcanzar las 72.650. Entre las principales inquietudes de los ciudadanos se encuentran la
de cómo evitar el envío de publicidad o el acoso por fax o SMS, la legalidad de ser incluido
en un fichero de morosidad, cómo conseguir la baja en estos ficheros o si es legal que una
tercera empresa reclame una deuda en nombre de otra.
Ficheros inscritos
La inscripción de ficheros sigue con el ascenso progresivo que viene experimentando en los
últimos años. Así, la Memoria recoge que en 2008 se inscribieron 250.313 nuevos ficheros
con datos de carácter personal, alcanzándose la cifra total de 1.267.579 (1.182.496 privados y
85.083 públicos).
Por lo que se refiere a las finalidades de los ficheros inscritos a lo largo de 2008, los mayores
incrementos en la inscripción se producen nuevamente en ficheros con fines de videovigilancia:
Los ficheros de videovigilancia inscritos en el RGPD en 2008 han duplicado a los de 2007, si en
2007 se inscribieron 5.012 ficheros, en 2008 fueron 9.604, alcanzando una cifra total de
15.510. El 98,1% de ellos son de titularidad privada y el 1,9% de titularidad pública. También
destacan en cuanto a mayor volumen de ficheros inscritos la gestión de clientes, contable, fiscal
y administrativa, seguidos de los ficheros de recursos humanos y los de gestión de nóminas.
Con carácter general, la comunidad autónoma con mayor número de ficheros inscritos es
Cataluña (276.286 ficheros), seguida de Madrid (189.408) y Andalucía (137.010).
En respuesta a las consultas formuladas por órganos de las Administraciones Públicas y
entidades privadas, el número de informes jurídicos emitidos ascendió a un total de 690
informes. Entre las materias de estas consultas planteadas cabe destacar que 255 se referían a la
cesión de datos personales, mientras que 142 iban referidas al deber de informar. Además, el
gabinete jurídico emitió un total de 79 informes preceptivos de disposiciones generales.
Recursos ante la AN y el TS
Asimismo, se recogen las cifras respecto de los recursos interpuestos contra resoluciones de la
AEPD ante la Audiencia Nacional, de las que 166 fueron desestimadas -de un total de 229-
ratificando así el criterio de la Agencia.
El Tribunal Supremo, por su parte, vino a ratificar todas las resoluciones de la Agencia excepto
las relativas a Libros de Bautismo de la Iglesia Católica. En este sentido, declaró en 9 sentencias
haber lugar a los recursos interpuestos contra sentencias que confirmaban las resoluciones de la
Agencia, referidas al derecho de cancelación en los Libros de Bautismo de la Iglesia Católica.
También declaró no haber lugar al recurso interpuesto contra sentencias que confirmaban las
resoluciones de la Agencia en 8 ocasiones.
Retos para la defensa de la privacidad
Para el director de la AEPD, 2008 ha supuesto la constatación de la existencia de grandes retos
para la defensa de la privacidad de los ciudadanos, como Internet y la videovigilancia. Respecto
al primero, la Memoria de 2008 destaca que la Agencia resolvió los dos primeros
procedimientos sancionadores por captación de imágenes sin consentimiento y su posterior
difusión a través del portal de vídeos “You Tube”.
Asimismo, han continuado planteándose denuncias sobre difusión de datos personales de
diversa naturaleza a través a través de sistemas P2P, como el programa e-mule. En 2008
concluyeron por esta práctica 3 procedimientos de infracción de Administraciones Públicas y 14
procedimientos sancionadores a entidades privados.
También en 2008 ha sido significativo el incremento de reclamaciones relacionadas con los
buscadores en Internet.
El binomio menores-Internet ha sido igualmente objeto de análisis permanente por parte de la
Agencia. La AEPD ha resuelto en 2008 un primer caso de tratamiento ilícito de datos de un
menor sin verificación previa de su edad, que culminó con la imposición de una sanción ante la
falta de diligencia en la comprobación de la edad.
En este sentido, la Memoria 2008 incluye una recomendación encaminada a impulsar un
acuerdo para la implantación de mecanismos efectivos de comprobación de la edad de los
menores de catorce años, que impidan que los menores contraten o utilicen servicios propios de
adultos sin el consentimiento de sus padres.
Respecto a la videovigilancia, los datos de 2008 apuntan nítidamente a que se trata de un
fenómeno imparable. Los ficheros de videovigilancia inscritos en el RGPD en 2008 han
duplicado a los de 2007. Asimismo, la videovigilancia se sitúa en el tercer lugar de los sectores
inspeccionados.

La AEPD traslada a Facebook sus inquietudes sobre los riesgos para la privacidad y requiere mejoras por parte de la compañía

2009-03-25T02:04:00.000-07:00

• La AEPD ha mantenido hoy un encuentro con representación de Facebook para darle traslado de sus principales interrogantes y demandas sobre privacidad.
• Continúa así la ronda de encuentros que la AEPD mantiene con los responsables de las principales plataformas de redes sociales, y que ya ha mantenido con otros prestadores de servicios de Internet.
• La AEPD ha requerido que exista una mejora en la política informativa y que se ofrezca una información clara, accesible y comprensible.
• También ha recordado la obligatoriedad de que establezcan mecanismos de verificación de la edad que permita limitar el acceso de forma efectiva de los menores de 14 años.
(Madrid, 26 de marzo de 2009). El director de la AEPD, Artemi Rallo, junto con otros representantes de la institución, han mantenido un encuentro con representación de la red social Facebook. Este encuentro se enmarca dentro de la ronda de contactos que la AEPD mantiene con representantes de las principales plataformas de redes sociales, al objeto de analizar la adecuación de sus políticas de privacidad a la normativa de protección de datos, y trasladar los requerimientos y exigencias de mejora de dichas políticas a las entidades propietarias de estos servicios.
En este sentido, en este primer contacto se ha dado traslado a Facebook de los principales interrogantes en relación con sus políticas de privacidad. Principalmente, el director de la AEPD les ha manifestado su inquietud en relación a las cláusulas informativas que se ofrecen a los usuarios; la necesidad del establecimiento de mecanismos de verificación de la edad que permitan limitar el acceso de forma efectiva de los menores de 14 años; y en relación a las políticas de retención y cancelación de datos de los usuarios por parte de la compañía.
En concreto, la AEPD ha requerido que exista una mejora en la política informativa de Facebook y de los sistemas de información que se ofrecen a los usuarios, de forma que se ofrezca una información clara, accesible y comprensible.
Asimismo, se han abordado cuestiones relacionadas con la información de los usuarios que la compañía trata con fines publicitarios y las informaciones que se aportan para ello a los usuarios, así como con la posibilidad que se ofrece para cancelar información personal, tanto de usuarios como de no usuarios.
Por otra parte, sobre las opciones de configuración de privacidad del perfil del usuario que se ofrecen, se ha trasladado la recomendación, realizada por la AEPD en el reciente estudio publicado sobre redes sociales, de analizar la posibilidad de establecer una configuración por defecto del máximo grado de privacidad a los usuarios.
La AEPD ha valorado positivamente la disposición de Facebook y ha emplazado a la compañía a mantener futuros encuentros, al objeto de analizar las políticas de privacidad, así como los sistemas que ofrecen a los usuarios para salvaguardar su privacidad, y realizar recomendaciones al objeto de adecuar estas prácticas a la normativa de protección de datos y minimizar los riesgos para la privacidad y los derechos de los usuarios.

Palma de Mallorca, nueva delegación Balear de eco-Shredder

2009-03-01T02:10:00.000-08:00

Desde el día 1 de marzo eco-Shredder esta presente en las Islas Baleares con una nueva delegación en Palma de Mallorca, desde donde se podrá dar plenamente los servicios de destruccions confidencial de información in situ a todos los clientes de la zona Balear.

La Fiscalía de Badajoz investigará por qué decenas de atestados acabaron en la basura

2009-02-14T12:39:00.000-08:00

La Fiscalía de Badajoz investigará por qué atestados de tráfico, incluyendo datos personales, fueron arrojados a contenedores de basura la semana pasada. Decenas de estos expedientes, que procedían de la propia Fiscalía, fueron tirados a los contenedores de recogida de residuos que se encuentran junto al edificio de la Audiencia de Badajoz.

Esos informes incluyen todos los datos que recogen la Guardia Civil o la Policía en caso de accidente: descripción del suceso, filiación de los accidentados, detalladas fotografías del siniestro, incluidos los fallecidos, e informes médicos de los heridos.

Esos datos personales e íntimos estaban al alcance de la curiosidad de cualquier ciudadano. Se trata de expedientes recientes, de hechos sucedidos en 2008 tanto en la ciudad de Badajoz como en la provincia. Todos los expedientes van dirigidos al fiscal coordinador de Seguridad Vial.

Según explicó a HOY Antonio Mateos, fiscal jefe de Badajoz, se ha producido un error en el tratamiento de esos documentos. Lo habitual es que los expedientes se manden al archivo. Cuando se considera que ya no es preciso conservarlos se llama a la Gerencia de Justicia para que los recoja y los destruya de acuerdo con las cautelas que establece la Ley de Protección de Datos.

El fiscal jefe afirma que la Fiscalía no dispone de ninguna máquina que pueda destruir gran cantidad de documentos, ni tampoco puede llamar por su cuenta a una empresa especializada en esa tarea. Es la Gerencia la que se encarga de esa función.

«No le quiero quitar importancia al hecho», afirma Antonio Mateos, que reconoce que se ha producido un error lamentable al tirar a la basura unos documentos que debían haber sido destruidos conforme a la ley. «Intentaré averiguar qué ha pasado».

Multas cuantiosas

Arrojar a un contenedor de basura datos de carácter personal podría incumplir la La Ley Orgánica de Protección de datos, que obliga tanto a instituciones como a empresas a establecer las cautelas necesarias para evitar la difusión de los datos que se almacenan. De hecho, la Agencia de Protección de Datos, que es el organismo encargado de velar por el cumplimiento de esa ley, ya ha puesto numerosas multas por tratar de manera negligente los datos sensibles. Las multas van desde los 600 euros a los 600.000, según la entidad de la falta.

En 2003, por ejemplo, se multó a dos clínicas sevillanas por una actuación similar: tirar a la basura historiales médicos. La multa fue importante: 300.506 euros.

La ley española de protección de datos está considerada como una de las más rigurosas de la Unión Europa. Castiga no sólo la negligencia en la custodia de archivos sino la utilización de éstos para fines diferentes a los que se obtuvieron, y la venta o cesión a otra empresa con fines publicitarios.

Otros casos en justicia Aunque resulte llamativo, los contenedores que \'guardan\' datos de justicia no son una exclusiva de Badajoz. Según un reportaje emitido por Telecinco el pasado mes de mayo, los juzgados de varias ciudades españolas tiraban a la basura documentos sensibles. Telecinco grabó contenedores de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y La Coruña en los que se encontraron documentos judiciales sin destruir.

Telecinco encontró denuncias de los juzgados de violencia de género en Madrid con nombres de víctimas y agresores, informes médicos y psicológicos, diligencias originales, declaraciones de las víctimas, fotocopias de sus documentos de identidad e, incluso, sus domicilios impresos en solicitudes de órdenes de alejamiento. La Agencia Española de Protección de Datos abrió una investigación.

Alcoholemia

Entre los expedientes arrojados al contenedor en Badajoz se encuentran los de graves accidentes de tráfico con varios fallecidos, atropellos de peatones y choques con motocicletas.

Se incluyen en los atestados los nombres y direcciones de los intervinientes en cada caso y otros datos especialmente delicados, como los informes médicos de los heridos realizados por los hospitales donde fueron atendidos y las fotografías de las personas fallecidas en el lugar del suceso.

También se tiraron atestados de personas que fueron detenidas por alcoholemia, con los informes relativos a las pruebas y análisis realizados. Toda información confidencial.

Fuente: hoy.es
Fecha: 14/02/2009

La AEPD sanciona a una empresa española por realizar llamadas comerciales a ciudadanos extranjeros sin su consentimiento

2009-02-12T02:00:00.000-08:00

• La empresa disponía de datos como el nombre, apellidos, número de teléfono y, en ocasiones, dirección postal, con los que realizaba campañas de captación de clientes en el extranjero.
• Se ofrecían servicios y productos vacacionales y de ocio en España a ciudadanos extranjeros.
• La denuncia fue trasladada a la AEPD por la autoridad británica de protección de datos.
• En la actualidad la Agencia Española de Protección de Datos tiene abiertos otros procedimientos por prácticas similares.
• La empresa sancionada poseía en sus bases de datos, los datos de los denunciantes y los utilizó sin el consentimiento para la realización de llamadas comerciales, sin que pudiera acreditar la procedencia de los mismos.
• La AEPD entiende que la empresa utilizó los datos sin el consentimiento de los titulares y sin existir ningún tipo de relación contractual.
• Recientemente la AEPD hizo públicos los resultados de un plan de oficio sobre comunicaciones comerciales telefónicas en el que destacaba la existencia de deficiencias.
(Miércoles, 25 de febrero de 2009). La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha sancionado a una empresa dedicada al marketing y la gestión de servicios turísticos por efectuar llamadas no solicitadas con fines comerciales a ciudadanos extranjeros sin contar con el consentimiento de estos. Esta conducta está recogida como falta grave en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD).
La resolución es el resultado de un procedimiento iniciado por la AEPD después de que la Autoridad británica de protección de datos, la Information Commissioner´s Office (ICO), diera traslado de la denuncia interpuesta por ciudadanos británicos. En la actualidad la Agencia Española de Protección de Datos tiene abiertos otros 6 procedimientos por prácticas similares, principalmente en las que se ofrecen productos vacacionales y de ocio en España a ciudadanos extranjeros.
Según ha podido constatar la AEPD en el procedimiento, la empresa sancionada poseía en sus bases los datos de los denunciantes y los utilizó para la realización de llamadas comerciales, sin que pudiera acreditar la procedencia de los mismos, que contaba con el consentimiento de los denunciantes, ni que existiera ningún tipo de relación contractual entre ellos.
En la resolución se explica que, según el artículo 6 de la LOPD, el tratamiento de datos de carácter personal tiene que contar con el consentimiento del afectado o, en su defecto, debe acreditarse que los datos provienen de fuentes accesibles al público, que existe una ley que
ampara su tratamiento o una relación contractual entre el titular de los datos y el responsable del tratamiento. En este caso, la AEPD entiende que la empresa no trató los datos conforme a la LOPD y considera que ha vulnerado el principio de consentimiento recogido en este artículo.
Comunicaciones comerciales telefónicas
La AEPD presentó recientemente los resultados del "Plan Sectorial de Oficio sobre publicidad telefónica", en el que se analizaron las prácticas de los principales operadores de telefonía, móvil y fija, en España y de entidades que ofrecen los servicios de tarificación adicional (Premium) basados en la recepción de mensajes SMS o de servicios de suscripción.
El Plan destaca que la AEPD detectó deficiencias en los mecanismos con los que cuenta el ciudadano para prevenir, en algunos casos, y para oponerse a la recepción de comunicaciones comerciales a través de mensajes y llamadas a telefonía fija y móvil. En el contexto de las llamadas comerciales no solicitadas, cabe recordar que si son realizadas por una compañía con la que el ciudadano mantiene una relación contractual, podrá comunicarle su oposición a recibirlas.
Por su parte, las compañías deben verificar que los destinatarios de las llamadas comerciales no automáticas no figuren en las guías telefónicas o no hayan ejercitado su derecho a que, aunque aparezcan, no sean utilizados con fines de publicidad. Asimismo, deben establecer procedimientos sencillos para facilitar al cliente, a lo largo de toda la relación contractual, el ejercicio gratuito de su derecho de oposición a la utilización de sus datos con fines publicitarios.

Guía de Videovigilancia - 2009

2009-02-06T09:04:00.000-08:00

La Agencia Española de Protección de Datos presentó dentro del marco de la “Segunda Sesión Anual Abierta de la AEPD” organizada con motivo del Día Europeo de la Protección de Datos esta completa Guía para la Videovigilancia.

Madrid, nueva delegación de eco-Shredder

2009-02-04T00:04:00.000-08:00

Dentro del plan de expansión de la compañía, no podía faltar la apertura de una delegación propia en la Comunidad de Madrid para dar plena cobertura a nuestros clientes de Madrid.

Hasta el momento se realizaban trabajos puntuales con actuaciones esporádicas. Desde enero de 2009 ya contamos con flota de vehículos fija en la capital española.

Convenio de Colaboración con la Asociación Empresarial de Graduados Sociales de Aragón

2009-02-03T04:45:00.000-08:00

La Asociación Empresarial de Graduados Sociales de Aragón y eco-Shredder destrucción confidencial de información in situ han firmado un acuerdo de colaboración para hacer extensivo el servicio de destrucción in situ de los profesionales vinculados a este colectivo.

Toda la documentación generada por estos profesionales en muchos casos es considerada de nivel alto, por este motivo la Asociación pone una potente herramienta al servicio de sus Asociados.

Acto de la firma del convenio de colaboración, Miguel Ángel Poveda Pérez, Presidente de la Asociación (izquierda de la imagen) y Miguel Ángel Ventura Salas, Director General de eco-Shredder (derecha de la imagen).

La Destrucción de Documentos en el Reglamento 1720/2007

2009-02-03T03:50:00.000-08:00

El Reglamento 1720/2007, que aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD destaca la existencia de los ficheros manuales (en papel), frente a la legislación anterior, en arras de conseguir que la legislación en protección de datos sea efectiva y veraz.

Dicha regulación ha provocado que la destrucción documental haya adquirido una gran importancia que ninguna empresa y/o despacho profesional puedan obviar; por lo que se debe ser concientes de la importancia de una acción correcta en la destrucción documental.

Es por ello, y debido a las necesidades lógicas y de personal de las empresas, y con el fin de evitar pérdidas de tiempo del personal, eco-Shredder destrucción Confidencial de Documentos se especializa en la destrucción in situ de los documentos en deshuso, siendo ésta de conformidad a la legislación legal y totalmente garantizada en todo su procedimiento, como demuestra el documento acreditativo que se entrega al cliente con el detalle del procedimiento que es observado, si se desea, por el cliente al efectuarse siempre en su propio domicilio.

web eco-Shredder v.03

2009-02-03T03:19:00.000-08:00

eco-Shredder publica su versión 03 de la pagina web.

En esta versión nos hemos preocupado de dar una información más concreta y documentada para el cumplimiento de la ley de Protección de Datos mediante la correcta gestión de la destrucción de documentos que contienen datos de caracter confidencial.

Tambien se resalta la importancia de la destrucción confidencial in situ frete a diferentes modelos de eliminación por ser esta la más segura, ya que toda la documentación es destruida en el domicilio del cliente, evitando las posibles consecuencias de perdida de documentación por causas ajenas como un accidente del medio de transporte:

Garantias eco-Shredder:

La destrucción confidencial de la información siempre es in situ, en las instalaciones del cliente y por medios propios.
Fragmentación con una área máxima de partícula ≤ 320 mm2. Correspondiente al Nivel 3 de la norma internacional DIN/CEN 32757-1:1995-01.
Nunca transportamos documentos sin destruir.
Aseguramos la identificación previa de las personas que tendrán acceso a su documentación.
Todo el personal de eco-Shredder tiene firmado un acuerdo de confidencialidad sobre las diferentes características de los trabajos realizados.
No subcontratamos nunca el servicio a terceras personas.
Nadie a excepción del responsable de seguridad en su empresa tiene acceso a los documentos una vez son depositados en nuestros contenedores, evitando posibles accesos no autorizados ni indiscreciones.
Mínima inversión de tiempo, en eco-Shredder nos encargamos de la totalidad del servicio para su comodidad.
La única actividad de eco-Shredder, S.L. es la destrucción confidencial de información in situ nunca transportamos documentos sin destruir ni se destruye en otras instalaciones diferentes a la de nuestros clientes, por no ser considerado un método seguro ni confidencial.
Nunca clasificamos documentos para que alcancen diferentes valores en el mercado de residuos.
Permitimos siempre y en cualquier momento que el responsable de los documentos presencie, controle y verifique tanto el proceso de recogida como la destrucción de los documentos y pueda comprobar el servicio y sus resultados cuantas veces estime oportuno.
Certificamos la eliminación de los documentos, dejando constancia del momento, forma y proceso normalizado de eliminación.
Principales ventajas del servicio:

Principales ventajas del servicio eco-Shredder de destrucción confidencial:

Seguridad Total en el proceso de destrucción, los documentos siempre son destruidos in situ
Fragmentación según la norma internacional DIN/CEN 32757-1:1995-01.
Servicio externo, profesional, confidencial y discreto.
Sin ruidos ni suciedad.
Tiempo mínimo de actuación en la empresa, recogida de 1 contenedor en 30 segundos.
Sin inversión en equipos ni en tiempo por su parte.
Recuperación ecológica del 100 % del residuo resultante.
Servicios puntuales y/o planificados, adaptados a sus necesidades
Sin sobre costes ni imprevistos.
Certificación de Garantía de Destrucción y recuperación ecológica

Con el proceso eco-Shredder, podrá olvidarse para siempre de cual es la destinación final de los documentos que su empresa genera, ahora lo sabrá ciertamente, Ustedes lo podrán ver.

2ª SESIÓN ANUAL ABIERTA de la AEPD

2009-02-03T02:35:00.000-08:00

Representantes de eco-Shredder destrucción confidencial de información, asistieron el pasado día 28 de enero de 2009 en el Auditorio de la Universidad Carlos III de Leganés (Madrid) a la jornada presentada por la Agencia Española de Protección de Datos englobada dentro del Día Europeo de la Protección de Datos.

En esta jornada, se presento una Guía práctica con recomendaciones sobre Videovigilancia.

Documentos judiciales con datos protegidos acaban en un contenedor de Zaragoza

2009-01-29T00:26:00.000-08:00

Según el periodico El Heraldo de Aragón, http://www.heraldo.es/ del martes, 27 de enero de 2009.

Sentencias de divorcio, con todo tipo de detalles sobre la guardia y custodia de los hijos; informes pormenorizados de las cuentas de personas tuteladas, con una completa relación de sus ingresos y gastos durante años; fichas de procedimientos de incapacitación, con apuntes sobre el estado de la tramitación y las fechas de la vistas; relaciones de presos en prisión provisional, borradores de diligencias manuscritas y muchos otros documentos de carácter judicial. Papeles y papeles, todos ellos con nombres y apellidos. Y en muchos casos, con las direcciones postales de los propios interesados.

Los documentos fueron depositados en el contenedor azul de la derecha, ubicado a unos 20 metros del Tribunal Superior.. JOSÉ MIGUEL MARCO
M. A. Coloma/M. Garú . Zaragoza

Un vecino encontró este material hace un par de semanas junto a un contenedor de reciclaje ubicado en el Coso zaragozano, muy cerca del palacio de Los Luna, sede del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) y de la _Audiencia Provincial. Según manifestó este ciudadano, no era la primera vez que hallaba este tipo de documentación “sensible” junto a la sede judicial, por lo que decidió recoger algunos de los legajos y traerlos a este periódico.

Durante los días posteriores, los periodistas que firman esta información pudieron comprobar personalmente que el hecho denunciado por este vecino anónimo no había sido puntual. De hecho, volvieron a aparecer documentos judiciales junto a los contenedores antes mencionados. Los papeles estaban en el suelo, por lo que cualquier persona podía agacharse a recogerlos y llevárselos a casa.

El hallazgo de este material ha sorprendido sobremanera a los máximos responsables del TSJA, la Fiscalía y la Consejería de Justicia, ya que aseguran que hay establecidos una serie de protocolos “muy estrictos” para reciclar este tipo de documentación. Además, como profesionales del Derecho, saben que la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal garantiza y protege las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar.

Por la naturaleza de los documentos -al menos, de los recogidos por el vecino y este periódico- todo apuntaba a que procedían de la Fiscalía, y así lo ha confirmado el fiscal jefe de Zaragoza, Alejandro Fernández Furquet, tras analizar los escritos.

Circuito de Destrucción.

Fernández Furquet explicó que tienen un circuito de destrucción de documentos ya establecido y con las medidas de seguridad suficientes para que no ocurra algo así. No obstante, admitió que se ha podido producir un fallo humano, por parte de alguien que no ha seguido el protocolo previsto y se ha deshecho de los papeles de forma incorrecta. El fiscal detalló que tienen dos sistemas de recogida, uno con carácter periódico y otro diario. En ambos los papeles se depositan en contenedores que están situados en una zona de la Audiencia a la que no tiene acceso el público.

En el primer caso, cuando se acumulan kilos de documentos confidenciales, se avisa a la empresa contratada, que en este caso es Saica, que los recoge y los traslada a su planta. Allí los destruye, compacta y destina a su fábrica papelera como materia prima “para un nuevo proceso productivo, garantizando de esta forma la confidencialidad en el proceso y la correcta gestión ambiental”. Así figura textualmente en el certificado de destrucción que se le exige en cada recogida, en la que se especifica la cantidad y la fecha. La última fue el 1 de abril de 2008 y se llevaron 1.070 kilos.

Cuando se trata de material diario, el fiscal jefe explicó que se tritura en las destructoras que existen en las diferentes dependencias o bien se arroja a las papeleras de cada mesa, las cuales deben ser vaciadas por el servicio de limpieza en bolsas y depositadas después en los contenedores propios de la Audiencia. Estos son recogidos después por otra empresa -Garcés Recuperación-, la cual también emite un certificado de que han destruido ese material en sus instalaciones. En el último trimestre del año recogieron 1.810 kilos, y el 3 de marzo se llevaron 3.340.

Documentos de Papeleras

Alejandro Fernández, que mostró su agradecimiento porque se pongan de manifiesto los errores del sistema, afirmó que ya ha abierto una investigación para averiguar lo ocurrido, aunque no puede asegurar si dará fruto por la dificultad que entraña probar estas cosas. Lo que ya adelantó es que los documentos procedían de las papeleras de la cuarta planta de la fiscalía, que deberían haber seguido la rutina habitual. Añadió que han hecho todo lo humanamente posible para que el circuito de destrucción funcione correctamente, y que esto ha sido una “disfunción”, de la que no puede hacerse responsable.

Por su parte, la Consejería de Justicia del Gobierno de Aragón no pudo ocultar su sorpresa y preocupación al ser informada por este periódico del hallazgo de este material “sensible” en plena calle. “Nos preocupa bastante, porque estamos hablando de datos personales que afectan a la intimidad y están protegidos por ley”, señalaban desde el Gobierno aragonés.

La administración autonómica se hizo cargo de la competencia de Justicia en enero de 2008, pero sus responsables recuerdan que la organización interna de las sedes judiciales no está entre sus funciones. “Nos corresponde proveer de material a los distintos órganos judiciales, y entre el que hemos entregado durante el primer año de competencias figuran 29 máquinas para destruir papel”, indican desde la DGA. “En cualquier caso -añaden- vamos a interesarnos por lo ocurrido, y si hacen falta más destructoras de documentos, se comprarán”.

El presidente del Tribunal Superior cree que es un hecho “grave” y lo investigará

M. A._C./M. G. C. Zaragoza

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), Fernando Zubiri, ha calificado como un hecho “grave” la aparición de sentencias, legajos e informes de expedientes judiciales en plena calle. Al tener información de lo ocurrido a través de este periódico y tras examinar los documentos hallados junto al contenedor de reciclaje del Coso zaragozano, el responsable del máximo órgano judicial de la comunidad adelantó su intención de abrir una investigación para determinar el origen de los papeles.

Aunque comparten sede, en el conocido como Palacio de los Luna, el Tribunal Superior y la Fiscalía (tanto la de Zaragoza como la de Aragón) son órganos independientes. Por ello, compete a los responsables de cada una de las instituciones determinar las normas de funcionamiento interno. Y ese es el motivo por el que se van a llevar a cabo dos investigaciones paralelas.
Un año después de asumir la presidencia del TSJA, Zubiri dictó una instrucción en la que se fijaban las normas de destrucción y reciclado de documentos en estas dependencias judiciales.

Uno de los motivos que le llevaron a adoptar esta medida fue la sugerencia del sindicato Comisiones Obreras, que consideraba necesario reciclar de forma adecuada la gran cantidad de papel que se producía en las distintas secciones del Tribunal Superior. Hasta entonces, el papel inservible solía terminar en la basura, junto al resto de desechos.

El 18 de mayo de 2005, Fernando Zubiri autorizó a la empresa “Recogida de Papel Garcés” a colocar dos contenedores en la planta calle del edificio para el depósito del papel de desecho y su posterior traslado a una planta de reciclaje de Zaragoza. Sin embargo, como estos contenedores afeaban el patio principal, se decidió reubicarlos posteriormente en la parte trasera del palacio de los Luna.

El presidente del TSJA hizo llegar a las distintas oficinas y servicios un protocolo con una finalidad expresa._“En primer lugar -se indicaba-, proteger debidamente los derechos a la intimidad de quienes puedan verse afectados por el contenido de los documentos objeto de desecho; y respecto del resto, racionalizar el servicio de recogida para su reciclado”.

A partir de entonces, la secretaría de cada sección tiene obligación de destruir todas aquellas copias de documentos judiciales que sean inservibles y que por su contenido puedan afectar a los derechos de las personas. “Los restantes documentos, textos y sobres, tanto en soporte papel como en cartón, serán depositados diariamente en los contenedores que al efecto estarán ubicados en el palacio”, decía el punto segundo del protolo.

La empresa que gestiona el papel está obligada además a facilitar periodicamente un certificado de destrucción, “a efectos de la confidencialidad de la documentación”. Y desde que se puso en marcha este sistema de reciclaje, se han expedido los citados informes cada vez que los camiones han retirado los contenedores ubicados en el TSJA.

Máquinas para destruir papel

Según explicaron fuentes del Gobierno aragonés y confirmó el presidente del Tribunal Superior, a lo largo de 2008 llegaron a las oficinas del Coso nuevos equipos de destrucción de documentos. “La Consejería de Justicia nos ha enviado una veintena de diferentes modelos”, indicaba esta semana Fernando Zubiri. Sin embargo, según aseguraban algunos funcionarios, parece que las máquinas no han llegado a todas las secciones de la Audiencia de Zaragoza, y algunos trabajadores tienen que utilizar las de otros compañeros.

Tras lo sucedido, tanto el TSJA como la Fiscalía han insistido a sus respectivas plantillas en la necesidad de ser respetuosos con el procedimiento. De cualquier modo, el caso de Zaragoza no es el primero al que se enfrenta un Tribunal Superior de Justicia. En el año 2003, ya fue objeto de una denuncia el del País Vasco, tras constatar que cientos de documentos judiciales se sacaban a los contenedores de basura sin destruir y sin ningún tipo de cautela.

La Agencia Española de Protección de Datos también ha abierto expedientes a varios juzgados españoles por deshacerse de este tipo de material sin respetar la ley. Uno de los últimos ha sido el Penal número 3 de Algeciras.

El Valor de la diferencia, la manera de entender de eco-Shredder la destrucción Confidencial de Documentos in situ.

2008-03-01T07:09:00.000-08:00

Existen diferentes opciones disponibles hoy en el mercado, una es la entrega o venta de documentos como papel usado para su reciclaje, sin una destrucción confidencial in situ previa a esta acción. Este no puede ser considerado como un método seguro. El receptor o comprador del papel usado realizará una selección, descartando el que no considera útil, sin que el responsable de los documentos sepa cual va a ser el destino final del papel que no se considere apto para su reciclaje. Por otra parte, puede almacenarlo intacto, durante un tiempo indeterminado i sin ningún tipo de medida de seguridad, de manera que el material a reciclar queda a la espera de que se reúna una cantidad suficiente de papel del mismo tipo o color que haga rentable su comercialización.

El método más adecuado i seguro es la trituración in situ por medio de corte cruzado previo a un traslado a un almacén o planta de reciclaje. Los documentos se tienen que convertir en partículas a un nivel adaptado de la norma internacional DIN 32757-1.

Las unidades móviles de destrucción confidencial de documentos de eco-Shredder se trasladan hasta el domicilio del cliente para proceder de forma segura y confidencial a la trituración de los documentos previo al traslado a una planta de reciclaje, esta es la única actividad de nuestra empresa que desde el año 2005 esta desarrollando esta actividad como modelo único de negocio.

El Colegio de Farmacéuticos firma un acuerdo con la empresa eco-Shredder Destrucción de Documentos Confidenciales in situ.

2008-02-15T07:48:00.000-08:00

A este acuerdo de colaboración se puede acoger cualquier farmacia que esté interesada en la gestión de las recetas médicas y de la documentación confidencial que genera el establecimiento.

Gracias a este convenio, los colegiados obtendrán condiciones especiales por parte de la empresa eco-Shredder Destrucción de Documentos.

Eco-Shredder certifica la total destrucción de documentación con datos de carácter confidencial, siempre en las instalaciones del farmacéutico y posterior traslado a la planta de reciclaje con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en materias relativas a la protección de datos y gestión medioambiental

Eco-Shredder es la primera empresa del sector que ofrece el servicio de destrucción de documentos confidenciales in situ con el protocolo y custodia más seguros y eficientes del mercado para impedir la pérdida o filtración de información confidencial de la empresa.

El proyecto empresarial de eco-Shredder dispone de la calificación de I+O del Departament de Treball i Industria de la Generalitat de Catalunya.

Presentación del Blog de eco-Shredder eliminación confidencial de información

2008-02-01T00:25:00.000-08:00

Bienvenidos al blog de eco-Shredder, empresa especializada en la destrucción confidencial de información, in situ.

El blog de eco-Shredder pretende ser una herramienta interactiva y de mejora en la comunicación de información general de nuestra empresa, así como un medio más de comunicación de algunos aspectos relacionados con la protección de datos.

El equipo de eco-Shredder